Los peores efectos serán
dinámicos y a largo plazo.
Hasta ahora del Brexit hemos
percibido los efectos políticos, es decir, el hecho de que desde febrero de
2020 el Reino Unido ya no es formalmente miembro de la UE. Sus efectos
económicos se sentirán sólo a partir del 1 de enero de 2021, cuando termine el
período transitorio durante el cual se suponía que se iba a firmar un acuerdo
de relación económica definitiva. Las negociaciones, sin embargo, no
pueden ir peor y, si no hay avances importantes en las próximas
semanas, a la crisis del coronavirus se le sumará en enero un Brexit caótico
que dañará a las economías europea y británica (a esta última en mayor medida).
¿Cuáles serían las
implicaciones para España de un Brexit económico sin acuerdo? Desde el
punto de vista comercial, supondría pasar a un régimen básico no preferencial,
con cuotas, aranceles, control de reglas de origen e inspección en frontera.
Esto sería especialmente grave para el sector agroalimentario, generalmente
sujeto a altos aranceles y para el que el Reino Unido es un importante cliente
de productos de alta calidad (no fácilmente sustituible). El gobierno británico
ya ha publicado su arancel aplicable a partir de 2021, y ha insistido en que,
para evitar problemas de abastecimiento, durante los primeros meses está
dispuesto a relajar las inspecciones y posponer el momento del pago de
aranceles, pero no su devengo. La inevitable congestión en frontera, que se
prolongará durante meses, sería muy negativa para el sector de perecederos, al
igual que para otros sectores muy dependientes de un tráfico fluido en frontera,
como el del automóvil o el farmacéutico. El sector pesquero español perdería
acceso a los caladeros británicos, con un elevado coste para algunas regiones,
mientras los británicos verían dificultada la comercialización en Europa de sus
capturas.
En materia de servicios
financieros, al igual que las entidades británicas perderán el
pasaporte europeo y no podrán prestar servicios directamente desde el Reino
Unido, tampoco podrán, a la inversa, las españolas. Aunque la mayoría de
éstas opera en el Reino Unido a través de filial, la crisis británica
debilitará sus ya maltrechos balances. Similares problemas tendrán los
servicios empresariales y profesionales, dificultados además por el fin del
reconocimiento de titulaciones profesionales o las restricciones a visados de
negocios de corta duración. En el ámbito del transporte aéreo, la
Comisión ya ha dejado claro que la estructura accionarial de IAG-Iberia no será
suficiente para operar normalmente en el mercado europeo, y se requerirá
una modificación de la propiedad y control (en pleno debate sobre el rescate de
Air Europa y su posible venta).
En el ámbito del turismo,
aunque existe un cierto margen para acuerdos bilaterales (por ejemplo en
Seguridad Social para residentes), será difícil que los británicos
puedan disfrutar como antes de sus vacaciones en España, dadas las
limitaciones de los visados Schengen y las previsibles complicaciones en
ámbitos de la vida cotidiana como los permisos de conducir, los seguros de
viaje y automovilísticos, el traslado de mascotas o el incremento de los costes
de «roaming» en telefonía móvil. Como en otros ámbitos de la vida, muchos
británicos sólo se darán cuenta de las ventajas de pertenecer a la UE cuando
las pierdan.
Conviene destacar que los
efectos sobre los servicios se producirán incluso aunque exista un acuerdo
comercial, si éste es muy básico. Los costes del Brexit, en cualquier caso, no
deben medirse sólo en términos de caída del PIB a corto plazo: de cualquier crisis
se termina saliendo. Los peores efectos del Brexit serán,
fundamentalmente, dinámicos y a largo plazo. Las decisiones de inversión,
la reubicación de empresas o de capital humano, la reasignación de cadenas de
valor, la búsqueda de mercados alternativos o la pérdida de peso geopolítico
nunca suceden de la noche a la mañana. La decadencia es siempre un
proceso lento. La UE y el Reino Unido son dos grandes buques paralelos que
de pronto van a desviar su rumbo y sólo al cabo de unos años se percibirá el
coste real de este progresivo distanciamiento para el que España debe estar
preparada.
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