Las compañías del país esperan que este año se apruebe mucha regulación laboral nueva.
Pese a que no quedan grandes reformas pendientes para esta legislatura,
como la laboral o de pensiones que vieron la
luz en la anterior, sí quedan normas por aprobar que tendrán un impacto directo
en el funcionamiento, las obligaciones y los costes de las empresas
españolas.
Está pendiente la reducción de la jornada máxima,
que este año debería pasar ya de 40 a 38,5 horas, antes de llegar
en 2025 a las 37,5 horas en que quieren estabilizarla. Este recorte de jornada
manteniendo el sueldo implica un incremento automático de los
costes de las empresas, a menos que logren la fórmula para que sus
trabajadores sean de pronto mucho más productivos (produzcan
lo mismo o más en menos tiempo).
También elevará los costes, aunque en pequeña cuantía, la cotización
obligatoria para los becarios que ha entrado en vigor este año y por
la que todos los que hagan prácticas no laborales en las empresas deberán estar
dados de alta en la Seguridad Social -las cotizaciones están bonificadas en un
95%-. El Ejecutivo, además, tiene pendiente aprobar el Estatuto del
Becario que quedó pendiente antes de las elecciones, por el que se limitará
el tiempo máximo permitido de prácticas y se estipula la obligación de abonar
una compensación por gastos a los becarios, entre otras medidas.
El permiso parental por cuidado del menor de hasta ocho años de
8 semanas también tendrá impacto en las empresas, a pesar de que la
Seguridad Social abone el importe de 4 semanas, ya que las compañías tendrán
que prescindir de los trabajadores que lo soliciten durante ese periodo; y lo
mismo ocurrirá con el incremento a 20 semanas de las bajas por
maternidad y paternidad, ya que los trabajadores que tengan hijos se
ausentarán por más tiempo de su puesto de trabajo.
Este mes el Ejecutivo tiene intención también de trasponer la directiva
europea de condiciones de trabajo, según confirmó este miércoles el
secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez-Rey, que lleva pendiente desde
agosto de 2022. La norma estipulará obligaciones a las empresas sobre la
antelación con la que deben conocer los empleados los días en los que tienen
que trabajar, la jornada de trabajo o la realización de horas complementarias
en los contratos a tiempo parcial entre otros.
A partir de marzo de 2024, todas las empresas con más de 50
trabajadores tienen que tener aprobado también un protocolo para
garantizar la igualdad efectiva y la garantía de derechos del colectivo
LGTBI, aunque por ahora desconocen cómo tienen que hacerlo. Para
aclararlo está pendiente que el Gobierno apruebe un desarrollo reglamentario.
La regulación del despido será otro de los temas
candentes de la legislatura, aunque no es descartable que el Ejecutivo espere a
que el Comité Europeo de Derechos Sociales emita resolución a raíz
de la reclamación colectiva presentada por UGT -a la que se sumó después
CCOO- sobre la insuficiencia de la indemnización por despido en nuestro país.
En caso de modificación, será de especial interés para las empresas.
También está sobre la mesa la reforma de la normativa sobre modificación
sustancial de las condiciones de trabajo y sobre el procedimiento
de descuelgue de los convenios colectivos, que el Gobierno quiere
permitir únicamente en caso de que la viabilidad de la empresa esté en juego.
Por su parte, la ley orgánica de representación paritaria y presencia de mujeres y hombres, en tramitación parlamentaria, también incidirá en la organización de las empresas.
Fuente: El Mundo
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