Esto es lo que dice la
legislación vigente: “Tendrá la
consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad
laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en
el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo
presencial en el centro de trabajo de la empresa. El acuerdo por el que se
establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito y los trabajadores
bajo esta modalidad tendrán los mismos derechos que los que prestan sus
servicios en el centro de trabajo (art.
13 ET)”.
Tras la implantación forzada
del teletrabajo en España como respuesta a las medidas de confinamiento, durante
el cual esta modalidad de trabajo en remoto se ha multiplicado de forma
inesperada en tan solo unos meses, parece que el trabajo en remoto ha llegado
para quedarse y como asegura la Ministra de Trabajo hace falta una ley que la regule. El 21 de septiembre
será cuando concluyan los plazos, "del carácter preferente del trabajo a
distancia frente al presencial”, y la experiencia inesperada y masiva del
teletrabajo en nuestro país habrá cumplido seis meses.
Un reciente estudio realizado
por Grupo Adecco, redefiniendo la nueva era del trabajo, recoge que el 77% de
los españoles consultados considera que el modelo ideal es aquel que combina el
teletrabajo con el trabajo en la oficina.
Así las cosas, el Gobierno ha
comenzado a tramitar ya la nueva norma del teletrabajo, comenzando con la
publicación por parte del Ministerio de Trabajo de un anteproyecto de ley de
trabajo a distancia que estará sometido a audiencia púbica hasta el 7 de julio.
La Ministra Díaz, afirmó recientemente que «con carácter inmediato vamos a
articular una ley reguladora del trabajo
distancia que será ambiciosa».
Para los sindicatos es urgente
regularlo, a pesar de no estar de acuerdo que se haya iniciado la tramitación sin que previamente se haya debatido en el
marco del diálogo social y confían en que el Gobierno dé margen a la
negociación. «No podemos continuar
trabajando a contra reloj, asumiendo que no haya procesos de diálogos previos»,
señaló Pepe Álvarez, de UGT.
Por su parte la patronal, en
palabras de Antonio Garamendi, presidente
de la CEOE, se opone a que el Gobierno
«regule nada» y afirma que es «cada empresa» la que debe «autorregularse», y
tras conocer que ya había un anteproyecto de ley, argumentó que las empresas podrían
empezar a contratar en Portugal o Argentina si se les imponen unas condiciones
«imposibles» y les introducen «rigideces». El Gobierno dice que buscará
consensuar la norma en el marco del diálogo social tras las advertencias de la
CEOE.
Para la ministra Díaz «el teletrabajo no puede salir gratis a las
empresas», que también apoyó la confección de «una lista» de gastos y adelantó
que «es probable que vaya con facturas
por partes proporcionales de suministros». El hecho de que el borrador de
la futura ley recoja que las compañías tienen que pagar «todos los gastos, directos e indirectos, que pudiera tener la persona
trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia» en lo que tenga
que ver con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su
actividad laboral, ha enfrentado a la patronal con este anteproyecto, que al
igual que los sindicatos reclaman
dialogo social previo a la tramitación.
El «derecho al horario flexible», es
también uno de los aspectos más controvertidos de la futura ley. Así, el
trabajador «podrá alterar el horario de
prestación de servicios establecido respetando la normativa sobre tiempo de
trabajo y de descanso». En el documento de consulta pública, el Ministerio
manifiesta su objetivo de fijar unos «tiempos máximos de trabajo» así como
unos «tiempos mínimos de descanso». Para la UGT el tiempo de
teletrabajo se establezca debería ser «no
inferior a una jornada completa ni superior a cuatro días semanales».
El texto también recoge que se trata de una forma de trabajo voluntaria y reversible,
además de asegurar los mismos derechos que para los compañeros que solo
trabajan de forma presencial. Recordando igualmente el derecho a la desconexión “respetando la normativa sobre tiempo de
trabajo y de descanso”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero,
la ministra portavoz matizó que «por
ahora hay borradores que son solo eso, borradores», dijo. «Será en el marco del diálogo social donde
habrá que regular una nueva realidad que ha llegado para quedarse», aseguró,
y «tenemos que ser capaces de que esta
nueva realidad sea compatible con los derechos de las empresas y de las
personas» añadió. Aun así, remarcó: «Solo cuando tengamos un acuerdo se
tramitará pero ahora son solo herramientas».
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