En un fallo, la Audiencia Nacional rechaza que una empresa aplique a su plantilla en remoto el artículo de la ley del trabajo a distancia, que exceptúa el pago de los gastos mientas dura el covid
Primera
advertencia judicial a las empresas sobre el fin de la excepción legal
que les permite eximirse del pago de la luz, el gas y el wifi a sus teletrabajadores.
En un caso resuelto recientemente, la Audiencia Nacional (AN)
rechaza que una compañía pretenda aplicar a sus empleados en remoto el régimen
de la disposición transitoria tercera de la Ley de Trabajo a Distancia. Dicho
artículo de la norma señala que al teletrabajo implantado "como
consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas
del covid-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de
aplicación la normativa laboral ordinaria" (es decir, el Estatuto de los
Trabajadores), que, al contrario que la ley aprobada en 2021, no impone a las
compañías la obligación de dotar de medios para el desempeño en
remoto, ni fijar un sistema de compensación de los gastos domésticos.
En su lugar, la Sala de lo Social de la AN asevera que
"no habiendo acreditado la empresa que en la actualidad exista medida
de contención adoptada a consecuencia de la pandemia, dicha petición [en el
asunto enjuiciado, los trabajadores demandaban una cuenta de correo electrónico
corporativo para las comunicaciones de la compañía] tendría además soporte en
el artículo 11 de la Ley del Trabajo a Distancia". Este precepto
establece, una vez ya fuera del contexto de la pandemia, el derecho de los
teletrabajadores "a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la
empresa de los medios, equipos y herramientas necesarios para
el desarrollo de su actividad".
Desactivada la 'excepción covid' de la disposición transitoria tercera,
también sería de aplicación, por tanto, el artículo 12 de la ley del
teletrabajo, que determina que "el trabajo a distancia deberá ser
sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte
de la persona trabajadora de los gastos relacionados con los equipos,
herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad
laboral".
Así, por tanto, el criterio de la Audiencia es claro. En caso de
conflicto con la plantilla por los gastos del teletrabajo, será la compañía la
que deba probar la existencia de "medidas de contención sanitaria" si
quiere justificar que resulta de aplicación la excepción contenida en la
disposición transitoria tercera de la ley. En caso contrario, el régimen sería
el del artículo 12, que establece el derecho a una compensación por la
luz, el gas, el wifi y otros suministros que consuma el empleado en
remoto. Unos gastos que forman parte del "contenido mínimo
obligatorio" del acuerdo empresa-trabajador por el que se fijan
las condiciones del teletrabajo.
En el caso enjuiciado por la Audiencia, se analizaba el conflicto
colectivo planteado en un 'contact center'. La representación laboral reclamaba
que la compañía facilitara a la plantilla en remoto una cuenta de correo
electrónico corporativo para recibir las comunicaciones empresariales. La
empresa exigía a los trabajadores que facilitaran su correo personal a tal
efecto, alegando, entre otras razones, que la situación de teletrabajo no
era ordinaria sino "paliativa por el covid". La sala rechazó los
argumentos empresariales y recalcó que, en ausencia de medidas de contención
sanitaria, no cabe acogerse a la excepción legal de la disposición transitoria
tercera.
Un giro
esperado
La posición de la Audiencia Nacional en relación con la aplicación de
la disposición transitoria tercera, aunque no sea el eje central del conflicto
resuelto, es el primer toque de atención conocido por parte de
los tribunales a las compañías en relación con los gastos del covid. En todo
caso, el fin de la 'bula' legal a las compañías era algo de lo que ya
venían advirtiendo distintos especialistas en materia laboral, a pesar
de que la redacción de la norma permitiera interpretar que esta se mantenía.
De
hecho, el pasado mes de junio, durante una jornada organizada por el
bufete Labormatters, el socio de la firma Jaime Silva Castañón aseveraba:
"Es difícil pensar que el chicle del teletrabajo por covid pueda estirarse
eternamente", y auguraba que la primera demanda por la cuestión de los
gastos estaba "al caer".
Ciertamente, la redacción del precepto en cuestión da un amplio margen
a la interpretación, puesto que no se aclara el alcance de la expresión
'medidas de contención sanitaria'. De hecho, el verano pasado, la Dirección
General de Trabajo (DGT) dictó un criterio en el que aclaraba que no podía
entenderse que las restricciones habían decaído con el fin de los
estados de alarma, sino que perdurarían "siempre y cuando" se
mantuviera la aplicación de limitaciones "sobre el ámbito
territorial donde se deba desarrollar la actividad laboral de carácter
presencial". Los pronunciamientos de la DGT son orientativos,
pero no vinculantes para los juzgados y tribunales.
De hecho, podría entenderse, de acuerdo con lo expresado por dicho organismo, que la excepción se mantiene activa, puesto que en la actualidad siguen vigentes algunas restricciones (en el transporte público o en determinados establecimientos, por ejemplo, sigue siendo obligatorio llevar mascarilla). Sin embargo, a la vista de lo expresado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, estas ya no son muleta suficiente para que los empresarios eludan pactar con los trabajadores una compensación para los gastos del teletrabajo, salvo que se acredite su impacto a lo largo del procedimiento judicial.
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