Sala de prensa

• 17 de mayo de 2021

El plan de reformas del Gobierno busca subir 6 puntos la presión fiscal

Moncloa intentará que el indicador alcance el 40%

Los datos anticipan un récord ya para este año

Prevé recaudar 275.243 millones en 2021 frente a los 194.051 de 2020

Las subidas impositivas que recoge el Programa de Estabilidad 2021-2024 que el Gobierno ha enviado a Bruselas buscan un aumento de la presión fiscal de hasta 6 puntos para situar el indicador en el entorno del 40%. La presión fiscal abandonará así la cifra del 34%. Según los datos de recaudación, y tal como adelantó elEconomista, la presión fiscal se situó en 2020 en una cifra récord, aunque algo menos de lo esperado, ya que los ingresos han caído más de lo previsto por la Agencia Tributaria.

El Gobierno espera ingresar 275.243 millones de euros en 2021. La cifra supone un alza de más de 60.000 millones de euros respecto a los 212.808 millones que recaudó la Agencia en 2019, el último ejercicio antes de la pandemia. "Esta subida se puede explicar por el efecto rebote sobre los ingresos al compararse con un año 2020 afectado por el confinamiento estricto, al menos durante un trimestre y por la adopción de un conjunto de medidas tributarias que generan ingresos adicionales con su entrada en vigor", explica en su plan de reformas enviado a Bruselas.

La AIReF pone el foco en 13 beneficios fiscales, con un coste total  de 35.000 millones

En 2020, los ingresos tributarios se redujeron un 8,8% respecto al nivel de 2019 por el efecto de la pandemia, situándose en los 194.051 millones. La cifra es un punto más de caída de lo que estimaba la Aeat hace unos meses, que situaba la caída de ingresos en torno al 7,7%. El mal desempeño económico del último trimestre del año -cuando el PIB solo logró recuperar un 0,4%- ha tumbado más las expectativas.

El Gobierno insiste en sus alzas fiscales contra la caída de la recaudación. Moncloa inició 2021 con una subida de impuestos que, según sus previsiones, recaudará este año 6.100 millones de euros. El proyecto de ley contra el fraude fiscal y la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 son las dos normas que recogen todas las novedades fiscales para el año que viene. Las normativas contienen subidas en IRPF, en Sucesiones, en Transmisiones Patrimoniales, en IVA o en Pactos Sucesorios que buscan aumentar la recaudación. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) ya alertó al inicio del año que estas medidas apenas recaudarían 4.000 millones de euros. Ahora, la AIReF considera que recaudará 2.898 millones de euros. La cifra es menos de la mitad de los 6.100 millones de euros que aseguró el Ejecutivo que ingresará.

Entre las medidas que entraron en vigor este año, está la subida del IRPF en tres puntos para las rentas del capital a partir de 200.000 euros y en dos puntos para las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros. Además, el impuesto sobre Patrimonio sube un punto para las fortunas de más de 10 millones de euros y los grandes grupos empresariales verán limitadas las exenciones de dividendos y plusvalías de sus filiales en el exterior y las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) tendrán una tributación mínima del 15%.

También se aprobaron los impuestos a los servicios digitales, conocidos como tasa Google, y a las transacciones financieras, conocidos como tasa Tobin, para aplicarlos a partir de enero.

Nuevas subidas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el mes pasado a los 17 integrantes del comité de expertos que analizará la reforma fiscal que pretende impulsar el Ejecutivo con el objetivo de acercar la presión fiscal de España a la media europea. La intención era que el trabajo de los expertos permitiera ejecutar los cambios fiscales de cara a 2022 con impuestos como el de Sociedades o el de Patrimonio en el foco. Sin embargo, 24 horas después, la ministra rectificó. "En ningún momento dije que se fueran a aplicar en el año 2022", señaló. Ese mismo día, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rechazó una subida de impuestos en plena pandemia.

Ahora, el Gobierno estudia la posibilidad de mejorar los datos de recaudación a través de la eliminación de ciertos beneficios fiscales. El Programa de Estabilidad recoge que "es necesario analizar los beneficios fiscales del sistema tributario español prestando atención a aquellos que distorsionan la progresividad y la redistribución del mismo". De este modo, plantea "la realización de una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado".

El Gobierno pone la lupa ahora sobre los beneficios fiscales para eliminarlos y aumentar la recaudación

Moncloa invoca así el último informe de la AIReF que contiene los costes que suponen para las arcas públicas varios beneficios fiscales. El Gobierno asegura que se centrará en esas figuras para revisarlos y subir así los impuestos hasta 34.248 millones de euros.

La AIReF evaluó 13 beneficios fiscales, con un coste total aproximado de 35.000 millones de euros, lo que supone un 60% del coste fiscal total de todos los beneficios fiscales existentes. Entre ellos se encuentra la reducción en el IRPF por tributación conjunta. Eliminarla, a juicio de la AIReF supondría un alza impositiva a las familias de 2.393 millones de euros. Varios medios publicaron este fin de semana que la intención de Moncloa era quitar este beneficio. Sin embargo, 24 horas después, Moncloa rectificó el plan.

Vuelta al diésel

Tras los malos datos de recaudación de las subidas de impuestos de Hacienda, el Ministerio, dirigido por María Jesús Montero, retomará el año que viene el impuesto al diésel tras los malos datos de recaudación de los llamados impuestos verdes este año. El "grupo de expertos" anunciado por la ministra estudiará la tramitación de nuevo de un impuesto a los hidrocarburos que penalice al gasóleo, según han confirmado a elEconomista fuentes cercanas al Ministerio. Montero ya intentó en los Presupuestos de este año introducir la medida, que finalmente no se aprobó.

FUENTE: EL ECONOMISTA