El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia relevante que aborda la vulneración del derecho de defensa de una empresa implicada en un cártel. En este fallo, se anula una sentencia anterior debido a la inadmisión de la comparecencia de peritos en el juicio, lo que se considera un obstáculo para la defensa de la parte demandada. Esta decisión destaca la importancia de la prueba pericial en litigios relacionados con la competencia y la indemnización de daños.
El Tribunal Supremo, en su sentencia número 1652/2024, dictada el 10 de diciembre de 2024, ha abordado un recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por una empresa contra una decisión de una Audiencia Provincial. La Audiencia había confirmado una sentencia anterior que condenaba a la empresa a indemnizar a un demandante por daños derivados de prácticas colusorias en el mercado de camiones.
El demandante había interpuesto una demanda tras la decisión de la Comisión Europea que reconocía la existencia de prácticas colusorias entre varios fabricantes de camiones, incluyendo a la empresa demandada. La demanda se fundamentó en el artículo 1.902 del Código Civil, solicitando una indemnización por los daños sufridos.
En primera instancia, el juzgado correspondiente falló a favor del demandante, condenando a la empresa a pagar la cantidad solicitada. Sin embargo, la empresa apeló la decisión. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera instancia, lo que llevó a la empresa a interponer un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación.
La empresa argumentó que se había vulnerado su derecho a utilizar medios de prueba pertinentes, al no admitirse la comparecencia de los peritos que elaboraron su informe. Este informe era crucial para demostrar que no existía el sobreprecio que se alegaba en la demanda. La empresa alegó que la inadmisión de esta prueba había causado indefensión y que la Audiencia Provincial no había justificado adecuadamente su decisión.
El Tribunal Supremo consideró que la inadmisión de la prueba pericial era injustificada y que había afectado el derecho de defensa de la empresa. La Sala destacó que la prueba pericial es esencial en casos donde se discuten daños derivados de conductas infractoras en el ámbito de la competencia. Por lo tanto, se decidió anular la sentencia de la Audiencia Provincial y devolver el caso al estado en que se incurrió en la infracción, permitiendo así la práctica de la diligencia probatoria que había sido indebidamente denegada.
Este fallo del Tribunal Supremo subraya la importancia del derecho a presentar pruebas en el contexto de litigios sobre competencia y daños. La decisión reafirma que la inadmisión de pruebas pertinentes puede constituir una violación del derecho a una defensa efectiva, lo que podría tener repercusiones significativas en futuros casos similares.
La sentencia también implica que las partes en litigios de esta naturaleza deben tener la oportunidad de presentar y defender sus pruebas adecuadamente, lo que es fundamental para garantizar un proceso justo y equitativo.
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